En 1946 el Gobierno le compró al señor Cuevas Lazcurain un terreno donde ahora se encuentra el parque y la colonia Reforma Social. En 1990 la familia inició un juicio en el Juzgado 2 Administrativo (¿saben de los corruptos jueces?), y se le devolvieron los 29 mil metros a la familia querellante. No se hizo nada, pero nada hasta que los jueces de la Suprema Corte intervinieron en el 2008 (¿tendría algo que ver Gabriela Cuevas?). Ordenaron que se les devolviera el terreno, además de pilón les dio 5 mil metros más y ahora son 34 mil metros.

El terreno que permite torres de 30 a 40 pisos tiene un valor comercial de 5 mil dólares el metro, o sea, unos 170 millones de dólares suficientes para salpicar a todos los involucrados.

Es una batalla interesante: de un lado los ciudadanos que pretenden tener su parque, solaz de ellos y sus hijos, zona verde en medio de la “cementiza”, y del otro lado la voracidad de vivales inmobiliarios y corruptos jueces, políticos y funcionarios.

Adriana Bermeo